Son ya 112 las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Gipuzkoa por los bebés robados. Otros 150 afectados todavía no tienen manera de llegar a la justicia porque no disponen de la documentación básica. Cada día, los voluntarios de Bebés Robados reciben nuevas llamadas de gente –principalmente madres– que sospechan que aquel bebé al que dieron por muerto puede estar en algún lugar tras un tráfico que, de solo pensarlo, provoca escalofríos. Ayer estuvieron en el Obispado y parece que les van a dar facilidades para llegar a los registros bautismales. La Iglesia católica no puede dar ningún motivo para la sospecha. De lo conocido hasta la fecha, desgraciadamente una milésima parte de todo lo que ya se debería saber, hay implicaciones de órdenes religiosas que, no lo olvidemos, realizaban una labor en nuestros hospitales hasta mediados de los 80. La Iglesia debe investigar de manera interna y cuanto antes los casos en lo que han sido señalados. Y la administración pública meterse de lleno en la misteriosa desaparición de legajos de aborto en los juzgados de Donostia antes de 1975. Y la policía que se ponga a investigar de verdad, en serio, con medios y recursos y no dejar, como ha pasado hasta la fecha, que los presuntos afectados se hayan convertido en improvisados detectives privados en juzgados, hospitales y cementerios. Aquí nos estamos jugando mucho por mucho nombre ilustre que aparezca una y otra vez en numerosos casos. Luz, taquígrafos, medios y jueces que decidan investigar en vez de archivar. No nos queda otra si nos queremos seguir llamando sociedad civilizada.
Publicado en Noticias de Gipuzkoa el 21 de julio de 2011
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